DESAMORTIZACIONES EN ESPAÑA

DESAMORTIZACIONES EN ESPAÑA. FIN DEL VIEJO RÉGIMEN.

     Ya explicamos en una entrada anterior algunos conceptos de las denominadas desamortizaciones y hoy nos fijamos en las que están censadas.

     Una desamortización es el proceso que se inicia con una ley que decreta o manda que se expropien terrenos del Estado, que están en manos de personas o entidades y que no generan ningún beneficio para el Tesoro. Son propiedades que no se pueden vender ni enajenar y que los réditos que producen van a parar a la Iglesia, a las Órdenes militares y religiosas o a los municipios que tienen zonas comunales.

     En la Edad Media no se hacían leyes de desamortización, se hacían “glebas” que pagaban campesinos y comerciantes o se expulsaba a poblaciones y se incautaban sus bienes (judíos, moriscos). Sin embargo en esa época los reyes daban terrenos y derechos para cobrar tributos a guerreros que eran nombrados nobles, a las órdenes religiosas y militares y a la Iglesia para la fundación de monasterios en zonas despobladas para favorecer su repoblación.

     Durante el denominado “antiguo régimen”, en el que los reyes ejercían su poder sin control parlamentario, también se producen procesos de desamortización, y el primero que se conoce como tal es “La desamortización de Godoy”, en 1798, reinando Carlos IV, y va dirigido a hacerse con las propiedades de la “Compañía de Jesús” que había sido disuelta por Carlos III en 1767 y por el Papa Clemente XIV en 1773. Fue llevada a cabo por Mariano Luis de Urquijo.

     Esta primera desamortización tuvo varios antecedentes:

a) Las propuestas de los Ilustrados como el Conde de Floridablanca, Pablo Olavide y Gaspar Melchor de Jovellanos que pretendían vender los baldíos y tierras concejiles de los municipios. Jovellanos proponía la enajenación y venta de los bienes del común, los más productivos en cada municipio. El dinero se destinaría a obras públicas y mejorar la agricultura.

b)  Carlos III decretaba el 3 de abril de 1767 la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios nacionales, incluidos los de ultramar. Sus bienes pasaban a ser propiedad de la corona y se encargaba al ministro Esquilache su ejecución, aunque  el encargado de llevarla a cabo fue Pedro Pablo Aranda, conde de Aranda.

     Las Desamortizaciones del siglo XIX tendrán un matiz liberal, y así el propio José I Bonaparte (1808-1813) decretó el 18 de agosto de 1809 la supresión de todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales cuyos bienes pasaban a propiedad de la nación. Más que la supresión de la propiedad se realiza la confiscación de las rentas para destinarlas a las tropas francesas.

Órdenes Monacales y Mendicantes.

     Las Cortes de Cádiz (1810-1814) establecen la enajenación de bienes a traidores a la patria, afrancesados, Órdenes militares (Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa), a la orden de San Juan de Jerusalén, conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante las guerra, las fincas de la Corona excepto los Sitios Reales y la mitad de baldíos y realengos de los municipios. El decreto de 1813 apenas llega a realizarse pero sienta las bases legales para sucesivas desamortizaciones.

Distribución de las Órdenes Militares en España.

       Territorios de las órdenes militares de los reinos ibéricos hacia finales del siglo XV.           Orden de Montesa          Orden de Santiago          Orden de Calatrava       Orden de San Juan (Castilla)          Orden de Alcántara       Orden de Christo       Orden de Santiago de la Espada       Orden de Avis       Orden de San Juan (Portugal)

     Tras la vuelta de Fernando VII de su exilio en Francia es restablecida la Compañía de Jesús en 1814 y los absolutistas impiden cualquier cambio en la desamortización de bienes hasta 1820, pero con el trienio liberal, el decreto de agosto de 1820 reedita el de las Cortes de Cádiz añadiendo los bienes de la Inquisición. Se lleva a cabo parcialmente pero los réditos obtenidos no son los esperados.

     Una de las desamortizaciones más importantes del siglo XIX es la realizada por Juan Álvarez Mendizabal en 1836, en el reinado de Isabel II, durante la regencia de Mª Cristina Dos Sicilias, en el que se desamortizan bienes y fincas sólo del clero, afectando a conventos y monasterios abandonados, destruidos en la guerra de la Independencia o que contaban con menos de doce frailes. El que sólo se dirigiera a los bienes de la Iglesia provocó la excomunión de los que desamortizaban y de los que compraban, por lo que muchos compradores ocultaron sus compras dejando terrenos y propiedades abandonados para no ser identificados.

     En septiembre de 1841, Baldomero Espartero, es nombrado regente tras la revolución progresista, y ordena la desamortización de todos los bienes del clero secular. Sólo duró tres años por la caída del partido progresista.

Estatua Ecuestre de Baldomero Espartero (el Pacificador) en el Parque del Retiro.

     En 1855, Pascual Madoz, ministro de hacienda en el gobierno de Espartero (bienio progresista) elabora una ley de desamortización que afecta principalmente  a los bienes comunales de los ayuntamientos, del Estado, del clero, de las órdenes militares, cofradías, obras pías, santuarios, de los propios y comunes de los municipios, de la beneficencia y de la instrucción pública (excepto las Escuelas Pías y los Hospitaleros de San Juan de Dios) y a los bienes del ex infante D. Carlos. Tuvo mayor alcance y mayor volumen de ventas que la de Mendizabal. Se suspendió por dos años en 1856 reanudándose después. Sus efectos llegaron hasta 1920.

     Con la desamortización de Madoz el Estado recaudó 7.856 millones de reales entre 1855 y 1895, más del doble de lo recaudado con la de Mendizabal. Con este dinero se amortizó la deuda estatal, se cubrió el déficit del Estado, se hicieron obras públicas, reservándose 30 millones de reales al año para la reedificación y reparación de las iglesias de España.

     En 1931 la Segunda República se planteaba la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria que pasaba por la expropiación de los grandes latifundios de Andalucía, Extremadura, sur de la Mancha y la provincia de Salamanca. La ley aprobada tras año y medio de trabajos expropiaba con indemnización a los propietarios, excepto las tierras de la nobleza considerados "grandes de España" por su supuesta implicación en el golpe de Sanjurjo. Apenas dos años después la ley fue paralizada tras las ocupación de apenas 27.000 hectáreas por algo menos de 5.000 campesinos.

Imágenes de distintas web. Entrada anterior.

Texto: Javier Perals.